La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades hondureñas, el pasado viernes 3 de julio, adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, familiares del Presidente Zelaya, y observadores internacionales presentes en Honduras”.
Específicamente, la CIDH dispuso que las autoridades hondureñas de facto deben garantizar la vida y seguridad de 63 personas acerca de las cuales se considera que existe una situación de riesgo a su integridad, su libertad o su vida.
Entre los beneficiados hay líderes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos que se han manifestado en contra del golpe de Estado en Honduras. CEJIL representa a 18 de ellos y ellas.