La última década ha sido testigo de importantes progresos en cuanto a la abolición del uso de la pena de muerte en el mundo pero, antes de que la pena capital quede relegada al vertedero de la historia, aún quedan por delante serios desafíos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al celebrar, el 10 de octubre, el 10º Día Mundial contra la Pena de Muerte.
La campaña llevada a cabo por una coalición mundial ha contribuido a que, desde que se celebró por primera vez el Día Mundial en 2003, 17 nuevos países hayan tomado la decisión de abolir la pena de muerte para todos los delitos, con lo que la cifra total de países que han abolido esta pena en la ley o en la práctica asciende ya a 140: más del 70 por ciento de los países del mundo.
Sin embargo, pese a haberse reducido el número de países que aplican la pena de muerte, hay unos pocos –entre ellos países poderosos como Estados Unidos y China– que siguen llevando a cabo ejecuciones con una atroz regularidad.
“En 2011, sólo 21 países llevaron a cabo ejecuciones, frente a los 28 que lo hacían cuando se celebró el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte. El haber conseguido que, en ese mismo periodo, 17 países abolieran la pena capital para todos los delitos es un avance importante”, ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Pero, a pesar de este éxito, la batalla contra la pena de muerte es larga, y queda mucho trabajo por hacer para convencer a los gobiernos restantes de que abandonen esta práctica de una vez por todas.”
Una clara tendencia abolicionista
Entre los 140 países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica se encuentran Estados que representan a todas las grandes regiones, culturas y religiones del mundo, así como a diversos sistemas judiciales.
Desde 2003, cada año una media de dos países ha abolido el uso de la pena capital para todos los delitos. El más reciente ha sido Letonia, en enero de 2012.
En ese mismo periodo, 26 nuevos Estados ratificaron el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumento respaldado por la ONU sobre la abolición de la pena de muerte. En la actualidad, el Protocolo cuenta con 75 Estados miembros, tras haber sido ratificado por Benín y Mongolia este mismo año, y recientemente fue firmado por Madagascar.
Incluso algunos de los países con el mayor número de ejecuciones han realizado progresos. En Estados Unidos, varios estados individuales han abolido la pena de muerte.
Reformas
Otro grupo de países mantiene la pena capital pero ha introducido reformas importantes para reducir el número de delitos punibles con ella.
En 2011, entre estos países se encontraban China, Gambia y Taiwán. China –que es con mucho el país que a más personas ejecuta del mundo– abolió la pena de muerte para 13 delitos no violentos y en los casos en los que el acusado es mayor de 75 años. Sin embargo, los delitos para los que se eliminó la pena de muerte apenas se utilizaban, y el gobierno, al mismo tiempo, amplió la pena capital a delitos adicionales.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Sin embargo, puesto que los cambios sobre este tema suelen ser muy lentos, la organización sigue haciendo campaña para que todos los Estados dejen de ejecutar a personas condenadas por haber cometido un delito cuando eran menores, o a personas que sufren discapacidad mental o intelectual.
La organización insta asimismo a los países a cumplir, como mínimo, todas las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte, incluidas las que piden que dicha pena se utilice únicamente en casos que superen el umbral de “los delitos más graves”, y deje de utilizarse para delitos de narcotráfico –práctica habitual en Irán, Arabia Saudí y Singapur– y para otros delitos no letales.
Unos cuantos vestigios letales
Aunque los Estados que ejecutan son una minoría cada vez más reducida, los homicidios judiciales continúan a buen ritmo.
Cada año, además de la ejecución de un número desconocido de personas en China, hay países, como Irán, Estados Unidos, Yemen y Corea del Norte, que llevan a cabo decenas de ejecuciones cada uno de ellos.
En 2012, Irak, la zona de la Franja de Gaza controlada por Hamás en los Territorios Palestinos Ocupados y Arabia Saudí han aumentado de hecho su cifra de ejecuciones. Casi un tercio de las personas ejecutadas en Arabia Saudí en 2012 –65 para principios de octubre– eran presuntos narcotraficantes, muchos de ellos ciudadanos extranjeros. En Irak, 119 personas han sido ejecutadas en lo que va de año, casi el doble de la cifra total de ejecuciones de que se tuvo noticia en todo 2011.
Hay varios países que, en una decisión especialmente inquietante, han reanudado recientemente las ejecuciones, como Botsuana, Japón y Gambia. En India, la amenaza de reanudación es inminente. En algunos casos, las ejecuciones se han reanudado tras un largo paréntesis: Gambia llevaba tres décadas sin ejecutar penas de muerte.
La discriminación sigue desempeñando un papel importante en la imposición de la pena de muerte, ya que es frecuente que las personas con menores recursos económicos, menos acceso a abogados o simplemente un menor conocimiento del idioma local sean las que terminan condenadas a muerte.
Entre los delitos punibles con la pena capital se encuentran a menudo delitos “terroristas” vagamente definidos, delitos relativos a las relaciones homosexuales y delitos “religiosos”.
Además, en algunos países, las personas de determinado origen étnico o religioso, como las minorías kurdas y religiosas de Irán, reciben una cantidad desproporcionada de condenas de muerte.
Amnistía Internacional sigue instando a todos los Estados a abolir la pena de muerte.
Sin embargo, hasta que lo hagan, es fundamental que todo el proceso cumpla las normas internacionales sobre juicios justos, lo cual incluye que los cargos y procedimientos judiciales sean transparentes y que la condena esté sujeta a una revisión judicial obligatoria. Los gobiernos, además, tienen la obligación de informar sobre todas las condenas de muerte que se impongan y que se ejecuten.
“Ningún sistema de justicia penal es perfecto, por lo que, aunque existan salvaguardias, siempre sigue existiendo un riesgo muy real de ejecutar a un inocente. Ningún Estado puede justificar la asunción de semejante riesgo”, ha manifestado Widney Brown.
“Esta posibilidad y el carácter irreversible de la pena de muerte son sólo dos motivos por los que seguiremos haciendo campaña para que todos los Estados que aún llevan a cabo ejecuciones reconsideren su postura, con la esperanza de que se unan a la abrumadora mayoría del mundo que ha abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana.”
Amnistía Internacional comenzó su campaña global por la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias en 1977.
Junto con sus socios de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, la organización seguirá promoviendo legislación nacional para abolir la pena capital, pidiendo ratificaciones adicionales del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, respaldando las normas internacionales dirigidas a abolir o restringir la pena capital, y apoyando la adopción, a finales de 2012, de la cuarta resolución de la Asamblea General de la ONU, que pide una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.
