La Colectiva Mujer y Salud y el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, en ocasión del 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 29 años de la ratificación de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, realizó este jueves, 8 de diciembre, el Foro de Debate sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres en RD.

En dicho evento, celebrado en el marco del programa Ciudadanía Activa de las Mujeres,  las instituciones y personas abajo firmantes, adoptaron la siguiente Declaración sobre los Derechos Humanos de las Mujeres en la República Dominicana:

Al evaluar la situación de las mujeres dominicanas en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, encontramos un panorama desalentador, con pocos avances reales que mostrar para este año 2011. Más allá del compromiso retórico con la igualdad de género, son pocos los hechos concretos que puedan atestiguar el compromiso de las autoridades y de la clase política en general con los derechos humanos de las mujeres.

Durante décadas las mujeres dominicanas hemos luchado contra la discriminación y hemos vencido, individual y colectivamente, un gran número de obstáculos al ejercicio de nuestros derechos. Resultado de estas luchas fue el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo y a la educación superior, en tal grado que hace más de una década superamos a los hombres entre los egresados universitarios y hoy día somos la mitad de los(as) profesionales y técnicos en el mundo laboral.

A finales de los años 90 logramos importantes reformas en el marco jurídico, incluyendo la ley 24-97 sobre violencia de género, la 55-97 sobre reforma agraria, la 275-97 que estableció la cuota de candidaturas femeninas a cargos congresionales y municipales (y posteriormente la ley 12-2000 que amplió dicha cuota). La Ley Orgánica de Educación (Ley 66-97) marcó un hito importante al establecer la igualdad de género como principio rector de la educación. En el año 1999 se creó el Ministerio de la Mujer y dos años más tarde el Decreto 974-01 ordenó la creación de la oficina de Equidad de Género en todos los ministerios a fin de transversalizar la perspectiva de género en las políticas sectoriales y facilitar el rol rector del Ministerio de la Mujer.

La clase política dominicana no  se ha conducido a la altura de los compromisos que asumió con la reforma del marco jurídico nacional, así como con los múltiples convenios internacionales suscritos por el Estado dominicano a favor de los derechos de las mujeres en las últimas décadas, lo cual se expresa en:

Uno

Los índices de desempleo femenino más que duplican los masculinos, al tiempo que las egresadas universitarias dominicanas siguen percibiendo en promedio un 74% del ingreso que perciben los hombres con igual nivel académico. No hay, ni ha habido nunca en el país, una política pública dirigida a combatir la discriminación salarial por razones de género.

Dos

Este año 2011 nos ha encontrado luchando en el Congreso, no por nuevas conquistas jurídicas para las mujeres sino, increíblemente, por preservar los avances de la Ley 24-97, permanentemente amenazados por los mismos sectores retrógrados que promovieron el Art. 30 (actualmente 37) de la Constitución y que hoy día se oponen a la despenalización del aborto terapéutico y a la tipificación del feminicidio en el Código Penal.

Tres

Tras una década de vigencia de la ley de cuotas, encontramos que las mujeres apenas constituyen el 9% del Senado, el 21% de la Cámara de Diputados y el 8% de las alcaldías. La cultura machista que prevalece en los partidos políticos dominicanos sigue siendo una barrera difícil de franquear para las mujeres que aspiran a puestos electivos, en tanto el compromiso de éstos con la equidad de género no pasa de ser simple demagogia electorera.

Cuatro

El Ministerio de la Mujer no recibe ni tan siquiera el 1% del presupuesto nacional y se sostiene precariamente con donaciones internacionales. Hablar de transversalización de género en las políticas sectoriales constituye a estas alturas una burla cruel a las aspiraciones de equidad de las mujeres.

Cinco

El país sigue teniendo tasas inaceptablemente altas de mortalidad materna, de embarazo adolescente, de violencia de pareja y de feminicidio, sin que éste ni ningún gobierno precedente haya evidenciado un interés real de enfrentar estos problemas mediante la implementación de políticas públicas adecuadamente diseñadas, suficientemente financiadas y eficazmente implementadas.

El aumento sin precedentes de los casos de violencia de género registrados en nuestro país en el último año (más de 200 feminicidios; más de 64,000 denuncias de violencia) son una muestra fehaciente de las consecuencias brutales de la desigualdad y la subordinación de las mujeres. Es hora ya de que las autoridades estatales y los partidos políticos asuman con seriedad los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional en materia de equidad de género y dispongan las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a estos problemas.

No es posible que a estas alturas el país cuente con apenas 14 unidades especializadas para atender la violencia de género y dos (2) centros de acogida para mujeres víctimas y sus hijos; que de decenas de miles de denuncias el año pasado solo se hayan judicializado 476 casos de violencia, con apenas 66 agresores condenados.

No es posible que el país siga teniendo  una tasa tan escandalosamente alta de mortalidad materna. El estimado establecido por la ENDESA-2007, es  de 159 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, aunque el Ministerio de Salud Pública  plantea que ha habido una ligera reducción. Según el último boletín epidemiológico, para la semana 47 del año en curso se habían registrado 148 muertes maternas, 37 menos que el año pasado para la misma fecha, pero debemos destacar,  que en lo que va de año,  la mortalidad materna supera  a todas las enfermedades de notificación obligatoria, con  excepción del cólera que la supera con tres defunciones.

El  porcentaje de cesáreas alcanza el 39% en el sector público y el 90% en el privado, sin que las autoridades hagan nada por corregir ésta y otras situaciones abusivas ligadas a la calidad de atención que reciben las parturientas dominicanas.

No es posible que mientras una de cada cinco adolescentes dominicanas está embarazada o es madre, el Estado siga plegándose al chantaje de los sectores ultraconservadores que impiden se oferte una educación sexual eficaz en las escuelas dominicanas.

Las mujeres dominicanas merecemos y demandamos mucho más del Estado y de los partidos políticos. Es hora de cumplir los compromisos con la equidad de género, de hacer valer la democracia para la mitad de la población dominicana que sigue sufriendo desigualdad, discriminación y violencia. Basta ya de demagogia.

¡Todas las mujeres, todos los derechos!

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